La crisis del Covid-19 es también una gran oportunidad para aquellas áreas o servicios del sector público que entiendan la importancia de la situación y de las nuevas necesidades futuras.
Un claro ejemplo es la Administración de Justicia. A veces, tenemos una visión de la Justicia sesgada porque las noticias que trascienden son sucesos violentos o casos de corrupción muy mediáticos. Pero la Administración de Justicia no es solo la jurisdicción Penal sino que es mucho más. Es un Servicio Público necesario para millones de ciudadanos que necesitan una respuesta eficaz en asuntos de Familia (divorcios, custodia de los hijos), Social (despidos, indemnizaciones), Mercantil (litigios entre empresas, concursos de acreedores)… áreas en las que muchas personas están directamente afectadas y se ven gravemente perjudicadas si la Administración de Justicia no funciona eficiente y eficazmente.
En una coyuntura de grave crisis económica, circulación del dinero es un aspecto fundamental para incentivar el crecimiento económico y una Administración de Justicia ineficiente destruye capital de muchas formas diferentes:
- Reteniendo fondos innecesariamente en sus cuentas bancarias que deben transferirse a sus beneficiarios en ejecución de las sentencias.
- Multas que no se cobran porque prescriben las faltas y los delitos, sobre todo contra la seguridad vial (muchísimo dinero que deja de ingresar el Tesoro Público español)
- Empresas que pierden valor e incluso tienen que cerrar porque las arrastra un concurso de acreedores de otra que le debe mucho dinero o porque situaciones leves de iliquidez generan problemas graves de solvencia.
- Fraudes, alzamiento de bienes, herencias paralizadas por falta de acuerdo entre los herederos…
Aparte del deterioro emocional que supone para las personas que tienen un procedimiento judicial que se eterniza y que no ofrece respuestas.
La crisis del Covid-19 ha puesto de manifiesto que la Administración de Justicia es un servicio esencial y que una sociedad no puede permitirse el lujo de detener o paralizar sus Juzgados. Ni puede ni los ciudadanos se lo merecen.
El New York Times ya ha puesto de manifiesto que el colapso de la Administración de Justicia española es inminente. Invertir en mejorar la Justicia nunca ha dado votos y por eso nunca se habla de ella en los debates, pero la situación que se avecina sí que puede dar muchos votos a quien se tome en serio esta necesidad.
Todos los funcionarios de la Administración de Justicia deben aprender a teletrabajar y tener las herramientas necesarias para hacerlo. Jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia son los más avanzados en este aspecto, pero no pueden hacer NADA si el resto de funcionarios no pueden también teletrabajar (gestores, tramitadores y auxilios).
Pueden “sacar” papel atrasado, pero no pueden avanzar en los nuevos si los procedimientos no se tramitan, se notifican, etc.
Un ejemplo de cómo pueden mejorarse las aplicaciones informáticas en el ámbito judicial son los chatbots en las plataformas digitales de Justicia. Cuando estás teletrabajando en tu casa, no tienes a tu lado a 8-10 personas de tu mismo Juzgado a las que poder consultar cualquier tipo de duda. Los chatbots podrían responder al 70-80% de las preguntas frecuentes y repetitivas que surgen a diario en los Juzgados en relación con la propia plataforma digital que utilizan internamente.
Un chatbot es, a su vez, una solución idónea para un sistema descentralizado como es la Administración de Justicia (cada Juzgado se organiza de forma independiente) y muy escalable ya que el conocimiento necesario es común en todo el territorio español en un 95%.
Si se quiere tener una Administración de Justicia eficiente, útil y preparada para contingencias como la del Covid-19 (que se podría repetir hasta no tener una vacuna), es imprescindible un cambio en la cultura del funcionamiento del servicio público como se conoce actualmente: de 100% presencial a permitir el teletrabajo y dotar de las herramientas necesarias para que todos los funcionarios puedan trabajar sin problemas.
El plazo se acaba.
Texto: Ramón P. Navarro